Educación y cultura sindical
Carlos Ornelas
La reforma constitucional se
consumó, hay dos nuevas leyes en el horno y se avecinan reformas a la
Ley General de Educación, aunque no se hayan presentado iniciativas
formales todavía. A pesar de la resistencia de los maestros disidentes,
pienso que las leyes del Servicio Profesional Docente y la reglamentaria
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con debates y
adiciones pasarán por el Congreso; lo mismo que las reformas a LGE, en
especial la derogación de la fracción XII del artículo 75, que libera a
los miembros del SNTE de cualquier sanción. Mas para que los cambios
legales modifiquen el quehacer de las instituciones escolares y sus
actores falta mucho.
Lynne G. Zucker, un antropóloga neoinstitucionalista arguye que las personas adquieren hábitos que se reproducen mediante las rutinas institucionales y se hacen parte del sentido común. Ella piensa que si esos hábitos adquieren grados robustos de institucionalización, se transforman en rasgos culturales que persistirán a pesar de que los gobiernos promuevan permutas institucionales. Los actos con un alto grado de institucionalización se resistirán a la tentativa de cambio por medio de la influencia personal porque los actores internos de las instituciones los consideran hechos externos impuestos en su forma de vida. La persistencia cultural, pienso, será un obstáculo a las reformas más importante que la reacción de los maestros disidentes.
Considerando la reforma constitucional consumada y lo que preveo pueda ser aprobados en las leyes secundarias, creo que hay dos líneas para analizar si las reformas que siguen tendrán consecuencias en:
Uno de esos hábitos, que se consolidó con relativa rapidez en la educación básica, fue que a la hora de la jubilación los maestros podían heredar o vender la plaza que consideraban era de su propiedad. Ese acto alcanzó un alto grado de institucionalización, aunque fuera ilegítimo. Lo mismo la adquisición de una plaza al egresar de una escuela normal o "comprar" la doble plaza u obtenerla como premio si se era dirigente medio del sindicato. Esos hábitos y otros más que tienen décadas de fermentación no se erradicarán con leyes. La meritocracia subvierte a las condiciones actuales.
El arreglo institucional vigente, después de la firma del Acuerdo nacional para la modernización de la educación básica, de 1992, generó rutinas y hábitos culturales que delimitaron ciertos comportamientos institucionales. En ellos, las camarillas que controlan al SNTE se hicieron del gobierno de la educación básica y, cual colonizadores triunfantes, impusieron su cultura en las instituciones colonizadas. Me refiero a las dependencias que están a cargo de la educación básica, tanto en el gobierno federal, como en los estados.
El gobierno de Peña Nieto arrancó con brío y se nota que diseñó una estrategia para descolonizar a la Subsecretaría de Educación Básica y modificar las relación SEP-SNTE. La captura de Elba Esther Gordillo, simbolizó el afán de ir adelante. La camarilla hegemónica, sin su cacique, es ahora dócil y se presta para negociar nuevas condiciones de trabajo. Pero las camarillas regionales, no nada más las de la CNTE y otros grupos disidentes, sino las otrora fieles a la señora Gordillo, se resisten a abandonar posiciones "conquistadas". Para esas camarillas, es más fácil ejercer presión sobre los gobernadores que doblegar al gobierno federal.
Esas cuadrillas no se opondrán, al menos no de forma violenta, a las reformas legales, sino que diseñarán estrategias con el fin de mantener sus territorios, mediante chantajes y amenazas. Ningún gobernador tiene poder para oponerse a manifestaciones tumultuosas. Los disidentes de siempre ganan adeptos para su causa con el petate de que el gobierno quiere quitarles su plaza a los docentes y que la evaluación es un producto diabólico. He platicado con maestros que hace unas semanas echaban pestes a los disidentes y hoy los miran como sus protectores. Las camarillas "institucionales" no podrán retener bajo su control a sus clientelas tradicionales si no les ofrecen garantías que serán sus defensores y mantendrán sus plazas, todas las que tengan. Allí las camarillas regionales un incentivo poderoso para amenazar a los gobiernos locales con movilizaciones y huelgas.
El gobierno federal, al menos hasta el momento, no parece que tenga una estrategia para lidiar con los disidentes ni convencer a los maestros de base de que las reformas no van en su contra. Los spots de radio y televisión no convencen a nadie.
Las reformas a la Constitución y las nuevas leyes representan pasos importantes y tienen el potencial de provocar cambios institucionales. Pero éstos no se darán en automático. Una vez aprobadas las leyes, el gobierno se verá obligado, pienso, a usar el poder del Estado para hacer que los postulados lleguen a las aulas.
Sospecho que el gobierno de Peña Nieto no tendrá tiempo de coronar sus esfuerzos. Lo que sí se puede hacer, pienso, es forjar las reglas y rutinas institucionales para que las reformas transiten. Tal vez, si se esmera la SEP y trabaja en conjunto con los gobernadores, lograrán que se establezca lo que Pablo Latapí denominaba la normalidad mínima: que no se suspendan las clases, que se respeten los calendarios y los horarios, que se cumplan los programas y que los maestros hagan su trabajo en el salón, con conocimientos y habilidades pedagógicas, lo que incluye establecer pautas de disciplina sin caer en el autoritarismo.
Claro, persistirá la cultura, pero si se incluye como premisa la desaparición del SNTE como sindicato corporativo, vertical y gobernado por camarillas y se les sustituye por sindicatos libres, este gobierno habrá sentado las bases de una reforma profunda en la educación. No será una superficial ni de tipo gatopardo.
Lynne G. Zucker, un antropóloga neoinstitucionalista arguye que las personas adquieren hábitos que se reproducen mediante las rutinas institucionales y se hacen parte del sentido común. Ella piensa que si esos hábitos adquieren grados robustos de institucionalización, se transforman en rasgos culturales que persistirán a pesar de que los gobiernos promuevan permutas institucionales. Los actos con un alto grado de institucionalización se resistirán a la tentativa de cambio por medio de la influencia personal porque los actores internos de las instituciones los consideran hechos externos impuestos en su forma de vida. La persistencia cultural, pienso, será un obstáculo a las reformas más importante que la reacción de los maestros disidentes.
Considerando la reforma constitucional consumada y lo que preveo pueda ser aprobados en las leyes secundarias, creo que hay dos líneas para analizar si las reformas que siguen tendrán consecuencias en:
- La incorporación de nuevos principios al corpus doctrinario de la educación mexicana.
- La conformación de nuevos arreglos institucionales.
Uno de esos hábitos, que se consolidó con relativa rapidez en la educación básica, fue que a la hora de la jubilación los maestros podían heredar o vender la plaza que consideraban era de su propiedad. Ese acto alcanzó un alto grado de institucionalización, aunque fuera ilegítimo. Lo mismo la adquisición de una plaza al egresar de una escuela normal o "comprar" la doble plaza u obtenerla como premio si se era dirigente medio del sindicato. Esos hábitos y otros más que tienen décadas de fermentación no se erradicarán con leyes. La meritocracia subvierte a las condiciones actuales.
El arreglo institucional vigente, después de la firma del Acuerdo nacional para la modernización de la educación básica, de 1992, generó rutinas y hábitos culturales que delimitaron ciertos comportamientos institucionales. En ellos, las camarillas que controlan al SNTE se hicieron del gobierno de la educación básica y, cual colonizadores triunfantes, impusieron su cultura en las instituciones colonizadas. Me refiero a las dependencias que están a cargo de la educación básica, tanto en el gobierno federal, como en los estados.
El gobierno de Peña Nieto arrancó con brío y se nota que diseñó una estrategia para descolonizar a la Subsecretaría de Educación Básica y modificar las relación SEP-SNTE. La captura de Elba Esther Gordillo, simbolizó el afán de ir adelante. La camarilla hegemónica, sin su cacique, es ahora dócil y se presta para negociar nuevas condiciones de trabajo. Pero las camarillas regionales, no nada más las de la CNTE y otros grupos disidentes, sino las otrora fieles a la señora Gordillo, se resisten a abandonar posiciones "conquistadas". Para esas camarillas, es más fácil ejercer presión sobre los gobernadores que doblegar al gobierno federal.
Esas cuadrillas no se opondrán, al menos no de forma violenta, a las reformas legales, sino que diseñarán estrategias con el fin de mantener sus territorios, mediante chantajes y amenazas. Ningún gobernador tiene poder para oponerse a manifestaciones tumultuosas. Los disidentes de siempre ganan adeptos para su causa con el petate de que el gobierno quiere quitarles su plaza a los docentes y que la evaluación es un producto diabólico. He platicado con maestros que hace unas semanas echaban pestes a los disidentes y hoy los miran como sus protectores. Las camarillas "institucionales" no podrán retener bajo su control a sus clientelas tradicionales si no les ofrecen garantías que serán sus defensores y mantendrán sus plazas, todas las que tengan. Allí las camarillas regionales un incentivo poderoso para amenazar a los gobiernos locales con movilizaciones y huelgas.
El gobierno federal, al menos hasta el momento, no parece que tenga una estrategia para lidiar con los disidentes ni convencer a los maestros de base de que las reformas no van en su contra. Los spots de radio y televisión no convencen a nadie.
Las reformas a la Constitución y las nuevas leyes representan pasos importantes y tienen el potencial de provocar cambios institucionales. Pero éstos no se darán en automático. Una vez aprobadas las leyes, el gobierno se verá obligado, pienso, a usar el poder del Estado para hacer que los postulados lleguen a las aulas.
Sospecho que el gobierno de Peña Nieto no tendrá tiempo de coronar sus esfuerzos. Lo que sí se puede hacer, pienso, es forjar las reglas y rutinas institucionales para que las reformas transiten. Tal vez, si se esmera la SEP y trabaja en conjunto con los gobernadores, lograrán que se establezca lo que Pablo Latapí denominaba la normalidad mínima: que no se suspendan las clases, que se respeten los calendarios y los horarios, que se cumplan los programas y que los maestros hagan su trabajo en el salón, con conocimientos y habilidades pedagógicas, lo que incluye establecer pautas de disciplina sin caer en el autoritarismo.
Claro, persistirá la cultura, pero si se incluye como premisa la desaparición del SNTE como sindicato corporativo, vertical y gobernado por camarillas y se les sustituye por sindicatos libres, este gobierno habrá sentado las bases de una reforma profunda en la educación. No será una superficial ni de tipo gatopardo.
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