La actual reforma educativa
Pienso que la reforma de los artículos 3º y 73 de la Constitución, por un lado, y las tres iniciativas de leyes secundarias en educación[...]
Pienso que la reforma de los artículos 3º y 73 de la Constitución, por un lado, y las tres iniciativas de leyes secundarias que están ahora en el Congreso (Ley del INEE, Ley del Servicio Profesional Docente y Ley General de Educación), por otro, pretenden convertirse en fundamentos jurídicos de una ambiciosa reforma educativa.
Los problemas que se buscan resolver tienen una larga historia. Hablo de bajos aprendizajes de los alumnos; subsistencia de un alto número de “escuelas primarias incompletas” y telesecundarias; centralismo; planes de estudio sobrecargados; dominio de la enseñanza tradicional y memorista en las aulas; falta de experimentación pedagógica; ineficacia de la formación inicial y la educación continua de docentes; ausencia de comunidades escolares cimentadas en la cooperación entre maestros; duplicidad y confusión entre la autoridad de los sindicatos y la autoridad educativa; patrimonialismo de las plazas; burocratismo; papel inocuo de la supervisión escolar, ausencia de entrenamiento para directores y supervisores; deficiencias en la gestión descentralizada del sistema; exclusión de los municipios; debilidad de las escuelas; etc.
Sobre estos problemas se cuenta con abundantes evidencias producidas por 20 o 30 años de investigación educativa.
Las anteriores reformas se preocuparon por el sistema de gestión escolar y por modernizar el currículum, la actual, en cambio, tiene un eje distinto: la profesionalización docente.
Esto significa que todos esperamos en este sexenio se cambien los mecanismos de formación inicial de profesores (normales, UPN, universidades), así como las formas de contratación y asignación de plazas, los mecanismos de gratificación al buen desempeño, la actualización y la evaluación de los docentes. Pero eso no debe ser todo. Creo que esta reforma debe aprovecharse para dar cauces nuevos a la evaluación (ampliarla hacia campos como las políticas educativas, el currículum, los programas escolares, las pruebas en el aula, fomentar una “cultura de la evaluación”, etc.) y para que las recomendaciones que surjan de esas evaluaciones sean acatadas (sean “vinculantes”) para las autoridades educativas correspondientes.
En el orden de la gestión debería revisarse cuidadosamente la descentralización del sistema de educación básica (1992) y los ordenamientos institucionales a que dio origen. Aquí hay un nudo de problemas, el principal quizá sea el de asignación de recursos financieros que opera de forma muy desigual entre estados.
Por otro lado, sorprende comprobar que en muchos estados no se produjo –como se esperaba– un acercamiento de la autoridad educativa a las escuelas. Los estados reprodujeron a escala el antiguo centralismo nacional, de tal forma que la autoridad se ubicó en la capital de cada entidad federativa y no se gestó –como sería deseable—una autoridad educativa intermedia, o delegada, a nivel de municipio. En educación –salvo excepciones–el municipio no ha tenido existencia significativa lo cual es un hueco que, necesariamente, debe llenarse.
Finalmente, es de aplaudirse el interés mostrado por las actuales autoridades federales en darle mayor fuerza a las escuelas, que son las células funcionales del sistema, el “espacio principal donde se procesa la educación escolar. Esto significa dar más poder a la base de la pirámide y a los profesores.
Integrante de la Junta de Gobierno del INEE
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