Evaluación educativa: el diablo en los detalles
Para los directores del INEE, cuyo mandato no es ejecutar las políticas públicas sino “evaluar el desempeño y resultados del sistema [...]
El racional de la reforma educativa parte de un principio sencillo: mejorar la calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes mexicanos. Pasa, necesariamente, por mejorar la calidad de sus maestros y ésta, a su vez, por evaluar sus aptitudes y competencias para educar y en consecuencia tomar decisiones sobre su permanencia en el aula. En suma, el fin es mejorar la educación; el resto son los medios.
Pero a juzgar por las recientes declaraciones de los nuevos integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), un grupo de respetables académicos formados en el régimen educativo previo a la reforma de Peña, ésta deberá, como era previsible y en cierto modo normal, superar problemas torales a la hora crucial de la instrumentación.
Para los directores del INEE, cuyo mandato no es ejecutar las políticas públicas, lo que corresponde a la SEP, sino “evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional”, esto supone “definir indicadores”, “identificar y dimensionar los problemas” o “emitir directrices”, todo ello, aclaran, tomando en cuenta “el contexto y las condiciones de trabajo en que se desempeñan los profesores”. Es decir, sugieren quizá que repetirán el mismo enfoque conceptual que, una década atrás, tuvo su primer director, con resultados tan discutibles que ahora se ha tenido necesidad de impulsar una nueva reforma y una nueva ley del INEE, así como designar nuevos miembros.
Si así la concibe, la Junta del INEE está otra vez confundiendo su labor. El INEE no es un centro de investigación que genere papers, ni un despacho de asesoría educativa, ni un servicio de capacitación docente ni una oficina de compensación de disparidades regionales y socioeconómicas.
El sentido de su misión, ahora, es otro: proveer a corto plazo una metodología clara, concreta y práctica mediante la cual se mida a los docentes de manera objetiva, transparente, coherente, estandarizada y eficaz, y, con los resultados que esta evaluación arroje, facilitar a la autoridad competente decidir quién entra y quién no a la profesión docente, quién se queda y quién no, quién necesita capacitación y apoyo y quién no. Tan simple como eso.
El Presidente y su gobierno han invertido un capital político muy importante en esta reforma como para que quienes tienen la responsabilidad de ejecutar una parte de ella piensen que su tarea sólo es de acompañamiento, que habrá que medir a los maestros casi con tantos indicadores diferentes como escuelas hay en el país o que haya evaluación pero no consecuencias. Eso suena engañoso y los legisladores deben asegurarse de que tanto la nueva Ley del INEE como la del Servicio Profesional Docente sirvan efectivamente para su finalidad esencial: seleccionar a los mejores.
En educación, y en muchas cosas más, hay que tener precaución porque haciendo lo mismo no debemos esperar resultados distintos.
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