México no avanza desde hace varias décadas en educación

Ciudad de México.- En busca del amplio consenso para lograr verdaderos cambios en materia educativa, el país se mueve. Amainados los reclamos, los diversos criterios se exponen, lo mismo para lo que será el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los maestros, con absoluto respeto al Apartado B del artículo 123 constitucional, que las fórmulas que deberán utilizarse para llegar a las dispersas y alejadas comunidades del país, así como la captación y solución de los rezagos en los centros urbanos.

La problemática abarca todos los niveles educativos. En el máximo, la educación superior, los desafíos también son de gran magnitud, tal como lo dijera el actual subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán Tuirán, en el texto "La educación superior en México: avances, rezagos y retos", al puntualizar lo planteado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México en diversos documentos: "...la meta de elevar la cobertura de la educación superior a 48 por ciento en 2020, lo que implicaría alcanzar una matrícula de poco más de 4 millones 700 mil estudiantes en 2020; es decir, alrededor de 1 millón 700 mil jóvenes adicionales a la matrícula actual, lo que supondría un aumento sostenido de aproximadamente 170 mil en promedio por año".

¿Cómo se logrará? El funcionario de la SEP lo explicaba: "...tenemos que realizar en 10 años (en materia de aumento de matrícula) más de la mitad del esfuerzo que se ha hecho en toda la historia de la educación superior en México. Si bien difícil de lograr, la meta propuesta es viable. Para alcanzarla, bastaría con aumentar la matrícula total a un ritmo semejante al de los últimos dos ciclos escolares".

Además exponía: "Si como ha ocurrido en el pasado reciente, más de las dos terceras partes del aumento de la matrícula provendrían del régimen de sostenimiento público, la meta del 48 por ciento de cobertura implicaría incorporar alrededor de 1 millón 200 mil estudiantes al subsistema público y 500 mil al particular".

El costo económico también es importante, porque "el aumento de la matrícula de las instituciones públicas de educación superior implicaría un esfuerzo presupuestal sostenido de entre 6 y 7 mil millones de pesos adicionales al año, en términos reales, cantidad razonable cuando se trata de abrir la puerta del futuro a los jóvenes".

Otro señalamiento hecho en el segmento "El futuro ya nos alcanzó", del mencionado texto, refiere que la complejidad no termina en el esfuerzo financiero que habría que realizar en los próximos años para sustentar el rápido crecimiento de la matrícula. "Las experiencias de otras épocas sugieren eludir a toda costa los riesgos ocasionados por la expansión no regulada de la educación superior. Hay consenso de que no se trata sólo de aumentar la matrícula, sino además de evitar que su masificación redunde en una oferta educativa de baja calidad y en una distribución marcadamente desigual de las oportunidades educativas", especificaba.

Y sobre las medidas necesarias que mencionaba, están: revisar las capacidades de las instituciones de educación superior para formar adecuadamente a los miles de profesores y académicos que supondrá el rápido aumento de la matrícula.

A su juicio también se requerirá impulsar el rápido crecimiento del número de egresados del nivel medio superior, quienes a su vez deberán estar adecuadamente preparados y suficientemente motivados para pasar del bachillerato al nivel superior.

Además, "será preciso fortalecer los sistemas de apoyos económicos y académicos para favorecer de manera creciente el acceso y permanencia de los estudiantes provenientes de familias de escasos recursos. Por último, las instituciones educativas se verán obligadas a revisar sus formas de organización, gestión y administración e instrumentar los cambios que sean necesarios para que sean cada vez más eficientes".



w Admitir problemas: inicio de solución

El rector de la UNAM, José Narro Robles y su coordinador de Estudios Especiales, David Moctezuma Navarro, también habían presentado la problemática en el documento "Hacia una reforma del Sistema Educativo Nacional".

Ellos habían advertido, antes de que el Congreso de la Unión aprobara la reforma de 2013: "Es hora de admitir que desde hace varias décadas México no avanza. Algo tenemos que hacer para dejar de transitar por caminos que no conducen a un sitio mejor".

Y en cuanto a los retos de la educación superior, resumieron:

i) elevar la cobertura de forma significativa;

ii) mejorar la calidad y

iii) reducir las desigualdades regionales en el acceso a la misma y garantizar un financiamiento adecuado.

Aseguraban que la matrícula de educación superior en México ha crecido 13 veces en las últimas cuatro décadas. Pasó de 2.1 millones de estudiantes en 2000 a 3.3 millones de alumnos en 2012.

"No obstante, este dinámico crecimiento ha sido insuficiente y altamente desigual por entidades federativas. La cobertura actual, 34.6%,14 significa que a pesar del esfuerzo realizado en las últimas décadas, en nuestro país, en el mejor de los casos, sólo tres de cada 10 jóvenes de entre 19 y 23 años pueden cursar estudios superiores. El total del grupo poblacional que se ubica en ese rango de edades es cercano a los 10 millones, por lo cual más de siete millones de jóvenes no estudian", precisaron en su momento.

Colocaron el dedo en el renglón, al apuntar que dicha cobertura es significativamente menor no sólo en comparación con los países altamente desarrollados, que invierten seriamente en educación superior para que la totalidad de sus jóvenes en edad escolar tengan acceso a este nivel educativo, sino a la de países de similar desarrollo económico como Brasil, Chile y Argentina. Es incluso inferior al promedio actual de América Latina, que es de 37%.

Señalaban otras dificultades, como es el conglomerado de jóvenes que no estudian ni trabajan. "Según la Encuesta Nacional de Juventud 2010, cerca de 22% de la población total entre los 12 y los 29 años de edad ni estudia ni trabaja. De éstos, la mayoría son mujeres, lo cual significa que en nuestro país cerca de 7.8 millones de jóvenes entre estas edades está en esa condición. Esto, además de ser un desperdicio del llamado "bono demográfico" con que cuenta nuestro país, es literalmente una bomba de tiempo, ya que los jóvenes excluidos de la educación media superior y superior están permanentemente expuestos a graves riesgos incluyendo delitos, actividades ilegales y adicciones", recalcaban.

Calificaban como "problema social" y no solamente educativo o económico el reducido número de jóvenes que tiene acceso a la educación superior en nuestro país. "Además de ser un enorme desperdicio para la sociedad, es caldo de cultivo para que los jóvenes se aparten de los valores que permiten la convivencia civilizada. La falta de esperanza en el futuro es, quizá, el peor lastre que puede arrastrar un ser humano", precisaban.



w Desmadejadas leyes y reglamentos

En la movilización respecto a la materia educativa que se realiza en el país, participan miles de personas. Hay foros, conferencias y seminarios en distintas instancias de la vida pública y académica. Por ejemplo, la UNAM llevó a cabo a finales del año pasado un seminario en el cual participaron ex secretarios de Educación Pública como José Ángel Pescador Osuna y Fernando Solana Morales; el Congreso de la Unión organiza foros regionales con motivo de la próxima iniciativa de ley reglamentaria de la reforma educativa, mientras que la Secretaría de Gobernación coordinará otro foro para el próximo 12 de julio.

Uno de los foros más recientes fue el nacional efectuado en la Cámara baja. Se trató de la Información y Consulta sobre la Reforma Constitucional en Materia Educativa y la Elaboración de las Leyes Reglamentarias, organizado por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, que encabeza Jorge Federico de la Vega Membrillo, en coordinación con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.

En el mismo, el doctor Salvador Martínez de la Roca, señaló que el "horizonte ético-humanista de la educación" sólo se dará al "establecer una relación entre lo epistemológico (¿qué sabemos enseñar?), lo didáctico (¿cómo presentar esos saberes para que se instruya realmente?) y lo jurídico político (¿cómo poner esos saberes al servicio del bien público?)".

Al referirse a que si bien la reforma educativa afirma que la educación debe ser de calidad consideró sin embargo, que no se argumenta cómo hacer que esta reforma alcance altos índices de eficacia, con qué método pedagógico se debe contar, ni cómo participarán maestros y alumnos en esta importante transformación educativa.

A su vez, el doctor Carlos Muñoz Izquierdo, catedrático de la Universidad Iberoamericana, dijo que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) deberá generar información basada en dos parámetros:

1- A cada profesor, alumno y escuela, el INEE deberá entregar información individualizada que permita comparar el desempeño de cada quien con el de los demás actores o instituciones que se encuentren en condiciones semejantes a las de ellos.

2- A las autoridades educativas y a la opinión pública, el INEE deberá entregar información agregada sobre la situación en que se encuentren los distintos conjuntos de escuelas, profesores, directores y supervisores, que oriente las decisiones necesarias para mejorar la calidad del desempeño de los mismos.

El doctor Eliseo Guajardo Ramos, rector de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), señaló por su parte la existencia que de dos formas para considerar la reforma educativa que se analiza en la Cámara de Diputados:

La primera se refiere a únicamente estudiar y determinar las atribuciones del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) dentro de la Ley General de Educación.

La segunda alude a la consideración de la rectoría del Estado en materia educativa.

Guajardo Ramos se inclina por la segunda, debido a que tiene que existir una armonización en torno a la rectoría y carácter general de la ley, a que ésta se aplica a estados y municipios, a que existe una concurrencia de los tres órdenes de gobierno por su naturaleza presupuestal, y porque los gobiernos locales no son recaudadores.

Otro de los ponentes fue el doctor José Ángel Pescador Osuna, presidente del Colegio de Sinaloa, quien calificó de muy importante, el paso que ha dado la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, porque va a permitir cumplir con dos requisitos fundamentales para cualquier cambio legislativo: la información y la participación.

Consideró como tema central para hablar de un desarrollo profesional de los docentes, el de las condiciones de trabajo en que se han desarrollado los maestros.

A su juicio, "aún queda muchísimo por aplicar y en forma estricta acerca de la consolidación de las partes jurídica y administrativa, respecto a lo que ha pasado con los maestros, con la formación inicial, con el modelo de promoción, de permanencia, estamos acostumbrados a juzgar a los maestros pero nunca a la autoridad. Tienen que definirse los criterios de calidad, de actualización, capacitación, del presupuesto para la educación".

En esta ocasión hubo tres mesas de trabajo sobre los temas de la Ley General del Servicio Profesional Docente, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y Reformas y Adiciones a la Ley General de Educación.

Las conclusiones fueron varias, entre las cuales están: la propuesta para alcanzar una ley del Servicio Profesional Docente que contribuya a tener una reforma educativa integral, atender los rezagos educativos y las diferencias de equipamiento de las diversas regiones del país; que revise los programas de estudio, amplíe la capacitación a los docentes, rescate los días efectivos de clase, mediante un balance objetivo de la educación, proteja los derechos laborales adquiridos por los profesores en activo e incremente sus posibilidades de crecimiento laboral y sus salarios.

Otra conclusión más fue elaborar una ley del Servicio Profesional Docente, en armonía con una reforma laboral para este sector, porque actualmente se aplican reglamentos y leyes estatales muy diferentes en todo el país.